¿A QUIÉN BENEFICIAN LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO? / Miguel Ángel Luque Mateo

El caos aeroportuario y el estado de alarma han impedido un debate sosegado sobre las últimas medidas aprobadas y anunciadas por el Gobierno con el repetido propósito de dar confianza a los mercados, fomentar la actividad empresarial y el empleo y bajar los impuestos. Entre otras, destacan: a) la supresión de las ayudas de los 426 € a los desempleados sin ninguna cobertura; b) la privatización parcial de AENA y “Loterías y Apuestas del Estado”; c) la subida del impuesto sobre “el tabaco”; d) la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades; e) la eliminación de la exigencia del mantenimiento del empleo para la aplicación de determinados beneficios fiscales; f) la exención tributaria de las operaciones de creación y capitalización de empresas; g) la supresión de la obligatoriedad de pagar a las Cámaras de Comercio; h) la agilización en la constitución de sociedades; i) la eliminación de la obligatoriedad de publicar en la prensa escrita los actos adoptados por las sociedades.

En mi opinión, estas medidas no son las más idóneas para los objetivos previstos. En realidad constituyen un nuevo retroceso del Estado del bienestar ante la presión de la oligarquía política-económica-bancaria que se esconde detrás de eso que llaman “los mercados”. Seguidamente expongo algunas razones:

Difícilmente puede fomentarse la creación de empleo eliminando la exigencia de que las empresas tengan que mantener el empleo para poder aplicarse determinados “beneficios fiscales”, como la libertad de amortización para inversiones nuevas y un tipo de gravamen reducido del 20%. ¿Se premia el despido? Además, hace un año se adoptaron similares medidas y las consecuencias son conocidas: aumento de medio millón de personas paradas y de 155.800 hogares más en los que todos sus miembros activos se encuentran en paro.

Los impuestos, en general, no se bajan. Sube el “del tabaco”, que es indirecto y más injusto (aunque se disfrace de medida sanitaria) y sólo disminuyen los de las medianas y grandes sociedadesno tanto los de las pequeñas-, salvo que por pequeña se entienda la que presenta 1.700 millones de volumen de negocio y 50 millones de beneficio neto (de las antiguas pesetas). Además, serán las Sociedades Anónimas y las que cotizan en bolsa las verdaderas beneficiadas de la ampliación del régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, la exención en el Impuesto sobre Operaciones Societarias, la eliminación de la pertenencia obligatoria a las Cámaras de Comercio y la supresión de la obligación de publicar sus actos en los periódicos.

– Se privatiza lo poco rentable que queda: la mitad de la última joya pública empresarial –AENA- y el 30 % de “Loterías y Apuestas del Estado” a cambio de un precio que no llega ni a 15.000 millones de euros. Sin entrar en la discutible cuantía o en la previsible destrucción de empleo, se renuncia a la obtención de unos ingresos patrimoniales anuales, que pasarán a los bolsillos de esa oligarquía.

Por otro lado, la eliminación de la ayudas de 426 € para los parados sin ninguna prestación condenará a la marginación, la delincuencia o la beneficencia a cientos de miles de personas. (Adviértase que el dinero público facilitado a los bancos podría prorrogar más de 175 veces estas ayudas).

Se ha derrumbado el estilo de vida y de economía basado en la especulación inmobiliaria y el endeudamiento a todos los niveles. Pero, mientras esa oligarquía bancaria-económica-política ha “enjuagado” sus pérdidas con las “mil millonarias” ayudas públicas concedidas, los ciudadanos y las pequeñas empresas se encuentran en una situación insostenible, sin acceso al crédito. Además, se han subido los tributos que afectan a la mayoría de la población (IVA, IRPF, Impuestos sobre las “gasolinas” y el “tabaco”, tasas, etc.), y se le han bajado a los más ricos (Patrimonio, Sociedades, SOCIMI, SICAV, Operaciones Societarias). Por último, con la amenaza de no comprar la deuda pública existente en gran medida por haberlos ayudado, esa misma élite exige el desmantelamiento y el desprestigio de lo público (congelación de las pensiones, aumento de la edad de jubilación, reducción del sueldo de los funcionarios, eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia, supresión del cheque bebé, recorte de la inversión y de las ayudas públicas, abaratamiento del despido, etc.) con el objetivo de privatizar cualquier parte del pastel que les pueda ser rentable (planes de pensiones, sanidad, transportes e infraestructuras, educación, juego, intermediación en las ofertas y demandas de empleo, etc.).

Ante este situación no podemos quedarnos impasibles. Exijamos a) la supresión de los privilegios de los políticos, de forma que lo que aprueban a los demás les afecte a ellos mismos (piénsese que un diputado o senador opta a la pensión máxima con 7 años en el cargo, mientras que un trabajador necesita 35); b) la declaración de patrimonio obligatoria para todos, evitándose los testaferros; c) la eliminación de los paraísos fiscales, y d) el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. Presentemos una respuesta unida ante cualquier nuevo recorte para no tener que parafrasear la expresión: vinieron a por los pensionistas y como yo no era pensionista no hice nada, vinieron a por los trabajadores y como yo no era trabajador no hice nada, vinieron a por los funcionarios y como yo no era funcionario no hice nada, vinieron a por mí y ya no quedaba nadie para protestar”.

Miguel Ángel Luque Mateo

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería

Acto público, 16/12/10, sede central del CSIC: Científicos y Universitarios ante la CRISIS

El pasado mes de Junio, en la sede central del CSIC, se celebró un acto para expresar nuestro apoyo al espíritu crítico tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad científica y, con esa misma intención, más de 2.000 firmas de universitarios e investigadores suscribieron un manifiesto. El acto suscitó un eco importante en los medios de comunicación y enlazó con otras iniciativas surgidas de diferentes foros, en particular en la universidad de Sevilla.
La evolución de la situación reclama nuevos esfuerzos críticos frente a la aplastante información que se nos impone desde los medios, y por ello presentamos un nuevo manifiesto en esta página web, para que quienes estéis de acuerdo lo suscribáis:
Con objeto de debatir sobre el agravamiento de la situación y analizar las perspectivas de actuación que podemos impulsar desde la Universidad y la Investigación, os convocamos al acto que se celebrará el próximo jueves día 16 de Diciembre en la sede central del CSIC (calle Serrano nº 117) a las 18:30 horas, bajo el título Científicos y Universitarios ante la CRISIS.
En el acto está prevista la intervención de:

Antoni Domenech. Univ. Barcelona
Reyes Mate. CSIC
Francisco Marcellán Univ. Carlos III
Mirta Núñez Univ. Complutense
Luis Zambrana. Univ. Sevilla
Moderador Emilio Criado. CSIC
Intenvendrán también jóvenes investigadores y estudiantes

La jugada maestra del capital / Miguel Ángel Luque

“Ha llegado el momento de tomar «decisiones valientes» para salir de la crisis. Hay que recortar los gastos sociales, paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, aumentar la edad de jubilación y subir los impuestos. Todo ello, para ahorrar 65.000 millones de euros y reducir el déficit al 3%, de aquí al 2013, como exige Europa”. Este es el discurso que se nos quiere imponer. Seguidamente expongo una visión distinta de esta crisis. Para ello, responderé a dos preguntas: 1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado? y 2ª ¿es justa la subida de impuestos? Por último, señalaré posibles vías de solución, desde la justicia social.

El alto nivel de endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las millonarias ayudas públicas al sistema financiero. Recordemos que España creó un Fondo para la compra de activos bancarios supuestamente “no tóxicos” (50.000 millones €); aprobó el FROB para sufragar los costes de las fusiones e intervenciones de las cajas de ahorros (9.000 millones ampliables hasta 99.000 millones €) y autorizó avales a las entidades de crédito (227.000 millones €) para garantizar sus operaciones financieras. Todo ello, con la autorización de las instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Mundial, FMI, Banco de España, etc.) y el voto, casi unánime, del Parlamento español. En total, sin contar los avales, se ha aprobado la posibilidad de otorgar ayudas públicas por importe de 149.000 millones de euros, cifra muy alejada de los 2.300 millones de euros anuales del cheque bebé o los 1.400 millones de euros que supondría la no congelación de
las pensiones.

El Tesoro Público no disponía de ese dinero para dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido, entonces? Pues de la emisión de Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado), que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado. Piénsese que, en los dos últimos años, se ha incrementado la deuda española en circulación en 192.881 millones de euros.

Paralelamente, se nos exige subir la tributación. No obstante, no todos los impuestos son igual de justos. Hay algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los directos, que recaen sobre la obtención de renta y la posesión de patrimonios) y otros que no respetan tanto la capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues bien, se están subiendo estos últimos y bajando los primeros, incluso en época de crisis. Mientras han aumentado los impuestos sobre “las gasolinas” y “el tabaco” y se ha incrementado el IVA (sin efecto para las empresas y los ricos que operan con ellas, porque se lo deducen), han bajado el Impuesto sobre Sociedades (por el que tributan las grades empresas y entidades de crédito), se ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), han disminuido el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares, en importantes operaciones, y han creado un régimen fiscal privilegiado para las
empresas de alquiler de los grandes patrimonios inmobiliarios (SOCIMI), normalmente en manos bancarias. Además, se ha mantenido la escandalosa tributación de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV) en el 1%, frente al tipo máximo del 43% en el IPRF, que ahora pretenden aumentar algunas Comunidades Autónomas, aunque se trate de una medida dirigida sólo a los asalariados de clase media alta, con escasa capacidad recaudatoria y sin incidencia sobre las ganancias millonarias.

Piénsese que las personas y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, opacos al fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos “hedge funds”, responsables del ataque a las economías de la zona euro, como la española.

Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra del capital y los mercados financieros. Durante años han obtenido unos beneficios extraordinarios con la especulación de las hipotecas “subprime”, sin pagar casi impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el sistema se desmorona, consiguen que el Tesoro Público salga a rescatarlos y les mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene asfixiados. Y, por último, aprovechan la debilidad de los Estados, consecuencia del enorme esfuerzo que ha supuesto dicha ayuda, para colocarlos al borde de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la complicidad de las mismas instituciones no democráticas que permitieron aumentar el déficit público en beneficio de la banca.

Las posibles soluciones estructurales a esta situación, además de la apuesta de la sociedad civil por la banca ética, deben venir por cinco vías: 1ª) la lucha efectiva por la desaparición de los paraísos fiscales; 2ª) la creación de una banca pública con criterios éticos, que reactive el crédito; 3ª) la aprobación de una regulación de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques especulativos sobre nuestras propias economías, 4ª) el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un sistema tributario justo y 5ª) la asignación redistributiva y eficaz del gasto público. Éstas sí serían verdaderas decisiones “valientes”.

Para finalizar, me referiré a las dos últimas mentiras que está proponiendo la Unión Europea: la creación de un impuesto a los bancos y la implantación de un gravamen a los movimientos financieros. ¡Que no nos engañen más, por favor! La segunda medida nunca se pondrá en marcha, al estar supeditada a la aceptación por todos los Estados, incluidos aquéllos que poseen paraísos fiscales, y la primera no puede calificarse como “tributo”, puesto que su recaudación no estará destinada a sufragar los gastos públicos, sino a la creación de un fondo bancario para rescatar a las entidades financieras en apuros, al no existir ya dinero público que las pueda salvar, una vez que se lo hemos dado todo y nos han dejado en bancarrota.

Miguel Ángel Luque Mateo
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería

Economistas frente a la crisis / Juan Torres López

La propuesta de reforma de nuestro sistema de pensiones que ha realizado un grupo de 100 economistas (la verdad es que todos ellos con un curriculum profesional muy brillante en sus respectivas áreas de especialización, aunque la mayoría claramente escorados en sus principios y perspectivas de análisis hacia los postulados neoliberales que están de moda desde hace tiempo) está empezando a mostrar no solo lo que puede haber de válido en su razonamiento sino también, como es lógico que ocurra, sus errores y limitaciones.

Voy a dejar de lado aquí la crítica que creo que se le puede hacer a sus contenidos principales y propuestas concretas porque me ocupo de ello en un texto más largo que publicaré en los próximos días junto a Vicenç Navarro.

Ahora solo quiero comentar brevemente algunos rasgos que aparecen claramente en la incipiente polémica que ha habido y que en mi opinión definen con bastante nitidez el “estilo” de este tipo de economistas que hoy día constituye la ortodoxia o corriente principal de nuestra profesión.

Los economistas de este perfil neoliberal suelen manifestar un cierto desprecio, a veces explícito, hacia la voluntad social y, por tanto, incluso a la propia democracia, al menos, en lo que ésta tiene que ver con las cuestiones económicas.

Hayek fue muy claro en este sentido cuando visitó el Chile de Pinochet, en donde bajo la dictadura comenzaron a aplicarse muchas de las políticas que defienden los economistas neoliberales: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente” (El Mercurio, 12-4-1981). En la misma línea se han pronunciado numerosos economistas en los últimos años, como es bien sabido, y eso han vuelto a hacer los que hacen la propuesta de reforma de las pensiones.

Uno de ellos, el profesor del IESE de la Universidad de Navarra Javier Díaz Jiménez afirmó en el acto de presentación de la propuesta que el Pacto de Toledo es “la mayor estafa para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones” (Europa Press, en Los ‘100’ economistas proponen calcular la pensión en función de toda la vida laboral). Un auténtico dislate que hace pensar que estos economistas olvidan que un principio esencial de la democracia es que las decisiones sobre los recursos públicos deben ser adoptadas por los representantes de la ciudadanía y no por los tecnócratas, como parece que proponen.

Esta posición tan poco respetuosa hacia las preferencias sociales deriva posiblemente de su convencimiento de que la ciudadanía no sabe en realidad qué le conviene o qué es lo mejor que debe hacerse para asignar los recursos. Y eso les lleva a confundir las decisiones sobre la distribución de la renta y la riqueza, que son evidentemente políticas y fruto de las preferencias sociales o de las concepciones éticas dominantes, con asuntos técnicos que solo los entendidos pueden resolver correctamente. Otro economista de ese grupo, el profesor Fernández-Villaverde, manifiesta claramente este prejuicio en su blog al defender la reforma: “Los economistas tienen que recordar a la sociedad constantemente cual es el óptimo. Si el público ni sabe cual es la manera optima de redistribuir, es muy poco probable que surjan instituciones, incluso condicionales en su sostenibilidad, que sean relativamente eficientes” (Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I). Otro disparate porque no hay una forma óptima de redistribuir que dependa de criterios objetivos que solo los economistas puedan establecer o interpretar sino que se establece una u otra en función del poder que tengan los individuos y grupos sociales.

Otro rasgo que suele caracterizar al estilo de este tipo de economistas neoliberales es que desprecian de un modo bastante evidente y explícito la opinión de quienes no piensan o analizan los fenómenos económicos como ellos. Sus publicaciones suelen ser formalmente muy consistentes y documentadas pero se puede comprobar fácilmente que en ellas nunca o casi nunca está la opinión que disiente de sus postulados. Pueden avanzar mucho en el conocimiento pero siempre en el que transcurre en una misma vía, la construida sobre sus propios principios y postulados. Les ocurre igual que dice Stiglitz en su último libro que le pasó a los gobernadores de los bancos centrales frente a la crisis: como solo leen lo que les confirma sus ideas no podían descubrir los problemas que otros estaban planteando en sus escritos. Y quienes vivimos junto a ellos en el mundo académico hemos comprobado hasta la saciedad que este tipo de economistas desprecian y rechazan incluso a cualquier otra rama y forma del saber que no sea la suya, la historia, la filosofía, la sociología, la politología, el derecho… habiendo hecho todo lo posible para sus contenidos lleguen a desaparecer de las enseñanzas de economía en aras de convertir a ésta última en una simple variante de la matemática.

Todo ello les lleva a recurrir constantemente a un criterio “de autoridad” bastante discutible: si otra idea no está publicada en las revistas en las que las suyas han tomado plaza son despreciables y no tienen por qué ser tenidas en cuenta. Un criterio circular afectado por una enfermedad muy extendida en la comunidad académica de nuestro tiempo: la impactolatría (aunque referido básicamente a ciencias de la salud es muy interesante leer el trabajo de J. Cami Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. En: Medicina Clínica. v. 109. n. 13. (1997).

Este tipo de economistas suele también actuar como si considerase que está completamente inmunizado frente al error propio. Esto se observa claramente a la hora de proponer y defender esta reforma de las pensiones cuando hablan como si estuvieran en posesión de la verdad sin mencionar los continuados errores de cálculo que han tenido en los análisis previos que han venido realizando para ofrecer escenarios que justificaran las medidas que proponen. En ninguno de ellos acertaron en sus predicciones, a pesar de lo cual quieren convencer a la ciudadanía de que están en lo cierto cuando hacen sus previsiones alarmistas para el futuro.

Por otro lado, suele ser habitual que estos economistas cuenten, como ocurre en el caso de la Fundación FEDEA que financian los bancos y grandes empresas españolas, con el patrocinio y la ayuda habitual y generosa de los grandes poderes económicos y financieros. Quienes somos críticos con sus postulados recordamos esta vinculación porque nos parece que es siempre indicativa. Sería normal que esos bancos y grandes empresas no financiaran a un economista como yo porque mi curriculum es demasiado modesto, o incluso quizá mediocre desde su punto de vista. Pero tampoco lo harían porque es lógico que esas entidades no están interesadas en promover ideas y propuestas que van claramente en contra de sus intereses. Y, justo en sentido contrario, es normal que financien a economistas como estos del grupo de los 100, no solo porque tienen curricula brillantísimos (que los tienen), sino también porque lo que proponen, como reducir el gasto en pensiones públicas para fomentar el ahorro privado que es lo que beneficia a la banca, o reformas laborales que aumentan el poder del gran empresariado, es lo que conviene a sus intereses.

Por eso resulta sorprendente que se tomen como un insulto el reconocimiento de esta vinculación. Es el resultado de una opción ideológica y personal legítima y no censurable. Pero también es legítimo que los demás lo sepan y que pongan en duda la independencia y la objetividad de su obra porque resulta muy difícil creer que pudieran contar con ese patronazgo si sus tesis no fueran siempre las que convienen a quienes los financian.

Se podría añadir también que este tipo de economistas suele razonar sosteniendo que los grandes parámetros de los que depende la vida económica son inmutables. Es igualmente fácil comprobar en sus escritos, y concretamente en los que usan para defender la reforma de las pensiones, que dan por sentado que hay cosas (justamente las que constituyen el orden socioeconómico que beneficia a la banca o a las grandes empresas) que no se pueden cambiar: la pauta distributiva, los impuestos sobre el capital, las políticas generales de las que depende en realidad el volumen de empleo o su naturaleza… Por eso este tipo de economistas son una de las principales fuentes que alimenta esa idea tan extendida de que vivimos el fin de la historia o de que no hay ninguna otra alternativa al modo de producir y distribuir en el que estamos o frente a las políticas económicas neoliberales que se llevan a cabo.

Finalmente, estos economistas, pero no solo los españoles, suelen ser bastante altivos y muy dados a la descalificación personal de quien disiente disiente de ellos. Por ceñirme al caso del debate sobre esta propuesta de reforma de las pensiones, basta comprobar que ni siquiera llaman por su nombre a quien los ha criticado, o las expresiones que solo muestran mala educación y falta de respeto.

Pudiera parecer que es injusto generalizar de esta manera, pero creo que basta una rápida ojeada a los escritos de estos economistas, a sus pronunciamientos públicos y a la forma en que actúan en comisiones de evaluación o juzgan a sus colegas para comprobar que ya se ha generado un prototipo que va mucho más allá del caso aislado.

Las universidades británicas en lucha por su futuro / Daniel Mourenza (University of Leeds)

Algo está pasando en el Reino Unido. Algo que tiene que ver directamente con el futuro de la Universidad. El pasado 10 de noviembre, unas 50.000 personas, entre estudiantes y profesorado, se manifestaron en Londres. El 24 de noviembre, las movilizaciones tuvieron lugar en diferentes puntos del país y desembocaron en las ocupaciones de algunos centros. Cabe decir que el movimiento universitario en el Reino Unido no es un movimiento muy experimentado. De hecho, aparte de las movilizaciones en contra de la guerra, no se recuerdan movilizaciones estudiantiles similares a las de los últimos días desde la era de Thatcher. Por tanto, estas jornadas de protesta que se están sucediendo en los últimos días por todo el país marcan una nueva y excepcional etapa en la vida universitaria británica, que teme realmente por su futuro. ¿Pero por qué protestan estudiantes y profesores universitarios? Las razones son más que contundentes.

El Reino Unido es un caso más, y no menor, de los cambios que se están produciendo en toda Europa en la Educación Superior. La incertidumbre y el malestar sobre lo que podía pasar con las universidades británicas era un sentimiento que se vivía ya el año pasado, cuando todavía estaba Gordon Brown en el poder. Los recortes en Educación eran ya algo anunciado. El cambio de gobierno no hizo sino acelerar (y agravar) la situación. Meses después de la llegada al poder de la coalición entre Conservadores y Liberal-Demócratas, los planes se hicieron públicos, pese a que Nick Clegg, líder de los Lib-Dem y actual Viceprimer Ministro prometió en la campaña electoral que no haría recortes en Educación. A partir de la publicación del informe “Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance” el pasado 12 de octubre, más conocido como Browne Review (ya que está redactado por Lord John Browne, Baron of Madigley y antiguo presidente ejecutivo de BP, entre muchos otros cargos), se ha planteado que el presupuesto dedicado a las Universidades debe afrontar una bajada que puede llegar hasta el 80%. El presupuesto de las universidades puede bajar de los actuales 3.500 millones de libras hasta los 700 millones. El presupuesto para la investigación puede bajar también en un millón de libras. Pero estas medidas no vienen solas. A la vez se planea que las matrículas universitarias pasen de las 3.290£ por año que cuestan actualmente hasta una cifra que puede llegar según algunos cálculos a ser de entre 7.000 y 9.000£. La cifra actual es, en efecto, suficientemente elevada. ¿Cómo pueden permitírsela entonces los estudiantes británicos? Lo hacen principalmente a través de préstamos. Fue en el 1998, con el gobierno de Tony Blair, cuando los estudiantes no sólo tuvieron que empezar a pagar una matrícula de 1.000£ por año, sino que también se suprimió el sistema de becas y se potenció el sistema de préstamos, que ya existía, pero con una inversión inferior. En 2004, la matrícula subió hasta unas 3.000£. Los préstamos son, por tanto, una necesidad para completar los estudios para más de un millón de personas. Actualmente los préstamos los da el Gobierno a través de la Students Loan Company (SLC), que se trata por lo menos de un ente público. Los préstamos deben ser devueltos por el estudiante con un bajo interés en un plazo de sesenta mensualidades a partir de cuando empiezan a cobrar una cantidad de alrededor de 15.000£ por año. Lord Browne, en su enorme bondad y profundo conocimiento de las clases populares, ha matizado que ahora no tendrán que empezar a pagar hasta que no lleguen a un sueldo de 21.000£ al año. Claro está que la deuda será mucho mayor.

El mecanismo de cómo ven que debe funcionar la Universidad no nos es ajeno. La reducción de dinero público destinado al presupuesto universitario se ve compensado por la enorme subida de las matriculas. Éstas pasan a ser la fuente principal de financiación de la Universidad, lo que deja, por supuesto, en una situación muy precaria a la Universidad. Cuando se dice en el Browne Review que todos los programas universitarios menos Medicina, Ciencias, Ingeniería y Lenguas Modernas podrían dejar de recibir dinero público se está diciendo, obviamente, que las demás carreras deberán buscarse la vida para poder subsistir. Por un lado deberán hacer frente a los costes con el dinero de las matriculas de los estudiantes, lo que pese a su incremento deja un margen poco amplio para que los diferentes departamentos puedan conseguir un buen funcionamiento. ¿Por el otro? Algo que ya venimos anunciando desde hace años: la Educación Superior deberá supeditarse a la lógica del mercado, es decir, ‘si no hace dinero, no es importante.’ La plataforma University of Leeds Against Cuts pone un ejemplo que nos es conocido, si bien con otros nombres. Esta vez se trata de un ejemplo claro, conciso y real, que se va a llevar a cabo en breve. La Universidad de Bradford ha anunciado recientemente un programa de grado ‘Morrisons’ (importante cadena de supermercados en el norte de Inglaterra, con base en esta ciudad de Yorkshire), que promete que tendrás “una gran carrera en los supermercados, gracias a una carrera de supermercados.” Otra vez el sempiterno truco de hacer pensar que la responsabilidad que la Universidad tiene con la Sociedad es la de beneficiar directamente a las empresas y no la de generar conocimiento y un espíritu crítico e independiente. El espíritu que guía sin embargo al Browne Review y a todos los cambios que se están produciendo actualmente en la Educación Superior es el de alejar la Universidad del sistema público y acercarlo a los intereses privados. Algo que cuadra perfectamente con el informe “Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación en innovación” en España, firmado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por la señora Ana Patricia Botín, que llega a afirmar que el rector no tiene por qué ser un académico, sino por ejemplo un hombre de negocios, lo que agilizaría el funcionamiento de la Universidad (aparte de privatizar todos los sistemas de gestión dentro de las universidades, claro).

Las reformas que se espera se lleven a cabo en Educación en el Reino Unido significan, entre otras cosas, la posible pérdida de hasta 200.000 puestos de trabajo, tal y como anuncia el sindicato universitario UCU. Por otra parte, un 40% de los estudiantes del equivalente a Bachillerato en el Reino Unido dicen que si salen adelante las medidas que propone el Browne Review reconsiderarán si ir a la Universidad, según publica The Guardian.

Estas medidas han sacado a la clase universitaria a la calle. El 10 de noviembre se produjo una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan en el país en los últimos años.Unas 50.000 personas acudieron a la convocatoria de la National Union of Students (NUS) y la University and College Union (UCU) a marchar por las calles de Londres. Estudiantes y profesores de todos los puntos del país llegaron a la capital para protestar contra las reformas que pretender minar el sistema público universitario británico, quepodría llegar a convertirse en el más caro de todo el mundo si se hacen realidad las medidas anunciadas. La enorme afluencia desbordó las expectativas de la organización, lo que provocó que la manifestación se dividiera y se dirigiera a diferentes objetivos. Una de las facciones fue a parar a la Millbank Tower, donde el Partido Conservador tiene su sede central. Unas pocas personas provocaron actos de violencia, rompiendo los cristales, destrozando el mobiliario y “ocupando” el edificio. Mientras tanto, unas dos mil personas se concentraban pacíficamente fuera lanzando cánticos contra los tories. Por supuesto, esto fue aprovechado por la mayoría de medios para tildar esta protesta de violenta y para eclipsar el contenido real de la movilización.

El 24 de noviembre los estudiantes volvieron a salir a la calle . Esta vez en diferentes puntos del país. Se calcula que hasta unas 130.000 personas salieron a la calle para continuar con las movilizaciones que empezaron el día 10 de noviembre y que no dan viso de parar en los próximos meses. Esta movilización no fue convocada por la NUS, tildada generalmente de institucionalista, sino que fue promovida por las diferentes plataformas y asambleas que participan bajo la National Campaign Against Fees and Cuts . La jornada transcurrió bajo un intenso y saludable clima de protesta entre unos estudiantes que, se nota, son nuevos en esto de las movilizaciones estudiantiles. Lejos de ser negativo, viejas controversias se dejan de lado para unir a estudiantes de todo tipo. Además, este clima generó un profundo ingenio a la hora de inventar algunos de los lemas y carteles que los estudiantes confeccionaban a lo largo de las marchas, si bien hay una falta de cierta conciencia política. No obstante, sigue habiendo muchos estudiantes que parece que esto no les comprometa (de hecho, el incremento de la matrícula no afectaría a los estudiantes que ya han comenzado su grado, aunque los recortes los notarán directamente en la calidad de la educación que reciben). Los únicos incidentes ocurrieron en Londres, en donde unos 4.000 protestantes fueron acordonados por la policía en Whitehall, frente al Parlamento y Downing Street, donde estuvieron retenidos durante horas en contra de su voluntad. Sin embargo, la nota dominante en los diferentes puntos del país fue la de seguir con las movilizaciones a través de la ocupación de algunos centros en diferentes universidades. Así, se ocuparon algunos espacios en universidades tan importantes como la UCL, la London South Bank University, Oxford, Warwick, Manchester Metropolitan o la University of Leeds. En estas ocupaciones se intenta crear un espacio de debate, de participación estudiantil y sirve como medida de presión a las diferentes universidades para oponerse a los recortes que el Gobierno quiere llevar a cabo. En la Universidad de Leeds, estas jornadas de lucha se completan con el programa “Really Open University” y bajo el slogan de “Reimagina la Universidad”, en el que se están realizando varios talleres como alternativa a una Universidad cada vez más mercantilizada. La ocupación del Rupert Beckett Theatre, una de las salas más importantes de la universidad, sirve como centro neurálgico de la ocupación, en donde los estudiantes se reúnen para decidir cuáles van a ser los próximos pasos en la lucha. De momento, ya hay anunciada una nueva movilización en todo el país para el próximo martes día 30 de noviembre.

Daniel Mourenza

University of Leeds

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Convocatoria: Unicrisis. Universidades Madrid / UNED 22 de octubre 2010

Nota: El blog está abierto a todas las universidades y a todo el personal académico que participa en esta iniciativa de coordinación y lucha frente a la crisis y los recortes. Hay ya varios administradores: lo ideal es que haya uno o varios por universidad o área de conocimiento y que fluyan hacia ellos las noticias, textos, etc. entrad en wordpress como usuarios y nos lo comunicáis para para poder otorgaros privilegios de acceso a publicación.

Se convoca a una Reunión de Universitarios y Científicos ante la crisis que tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Filosofia (edificio A) de la Universidad Complutense de Madrid.
Dia: viernes 22 de octubre.
Hora: a las 12 horas
Hablaremos sobre las actuaciones realizadas desde el mes pasado:
1.- Creación de la pagina web (que ya está hecha) y discusión
sobre los contenidos.
2.- Los compañeros de la UNED nos informarán del acto que organizaron.
3.- Preparación de un gran acto para finales de noviembre.
4.- Discusión de nuevas ideas para próximas acciones.