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Nuestro sistema universitario necesita una profunda reforma pero no es la suya, señor Wert

Desde Unicrisis hemos elaborado una carta abierta en respuesta a las afirmaciones realizadas por el ministro José Ignacio Wert sobre nuestro sistema universitario.

Si quieres adherirte a esta CARTA ABIERTA y firmarla, puedes hacerlo en ACTUABLE

http://actuable.es/peticiones/defendemos-universidad-publica-calidad-comprometida-con

Este es el texto:

Defendemos una universidad pública de calidad comprometida con la sociedad

Señor Ministro José Ignacio Wert

Somos gente de ciencia y, debido a ello, defendemos siempre que las decisiones han de estar basadas en un conocimiento sólido sobre el comportamiento y el origen de los problemas. Usted ha liderado una empresa de investigación, por lo que ha de saber de qué estamos hablando. Por ese motivo, resulta cuando menos indignante que realice usted afirmaciones que contradicen el conocimiento científico.

Las reformas que su Ministerio está comenzando a defender para ser aplicadas en la Universidad española no son nuevas. Se han implementado ya en otros países, en algunos de los cuales existen desde los años 80. Hablamos de la desaparición y fusión de universidades públicas, la subida de los precios de matrícula, la inestabilidad de los puestos de trabajo universitarios, la reducción del esfuerzo público en la financiación de las universidades, la transformación de becas en préstamos y otras medidas ya muy conocidas que fueron defendidas con los mismos argumentos que usted utiliza. Es un tiempo suficiente como para que abunden las investigaciones publicadas en revistas científicas de prestigio que denuncian los efectos nocivos que tales reformas han tenido lugar. Estos efectos se miden en términos de un importante aumento de la desigualdad social, distanciamiento entre universidad y sociedad, pérdida de la confianza del profesorado, resultados muy dispares y difíciles de predecir en productividad científica, serias dificultades para mantener los estándares de calidad, aumento de la burocratización, disminución de la autonomía universitaria, y un largo etcétera. Este amplio bagaje de experiencia internacional aconseja, fuera de toda duda, no cometer los mismos errores para la Universidad española.

Muy al contrario, la calidad de la investigación y de la docencia universitarias están en función, entre otras medidas, del esfuerzo presupuestario, de la inversión en investigación, de la reducción en el número de estudiantes por profesor o profesora, de las importantes ayudas económicas del Estado hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad, o de la cooperación transdisciplinar, transuniversitaria y transnacional en equipos colaborativos. Las universidades que usted señalará, sin dudas, como las mejores del planeta, se caracterizan por unas condiciones de trabajo que estarán aun más distantes de las nuestras si sus reformas finalmente se imponen.

Somos conscientes del importante lugar que ocupa la universidad en nuestra sociedad. Es la institución especialista en generar conocimiento y en educar a personas que practicarán ciencia, profesión y ciudadanía. La universidad es una apuesta esperanzadora por generar soluciones nuevas para mejorar nuestra sociedad. Por este motivo, la institución internacional con mayor competencia en el ámbito de la Educación Superior, la UNESCO, ha insistido en que es fundamental garantizar la autonomía universitaria, dotar a las universidades de suficiente apoyo estatal y reforzar su función pública.

Señor ministro, coincidimos plenamente con usted en que la situación que estamos sufriendo en este momento histórico requiere acometer, como mínimo, reformas de gran calado. Las actuaciones políticas que hacen falta son contrapuestas a un aumento del esfuerzo de la mayoría de la población, a la reducción del Estado a la mínima expresión o al refuerzo del protagonismo de los mismos agentes de mercado cuya ambición desproporcionada ha provocado la actual crisis global. Las medidas que necesita, entre otras, la sociedad española no pasan por debilitar las instituciones públicas como ocurre con sus incipientes propuestas para la Educación Superior. El conocimiento que hemos acumulado y que seguimos generando en nuestras organizaciones científicas aconseja hacer exactamente lo contrario que está dibujando en sus declaraciones.

Como es habitual en las instituciones académicas, cuenta usted con nuestro apoyo para construir e implementar soluciones sólidas que no solo nos permitan salir con dignidad de la situación actual, sino prevenir las futuras; o bien, cuenta usted con nuestra más firme, inquebrantable y duradera oposición, como resultado de nuestra actitud de defensa de la sociedad, especialmente la más desprotegida que aun quedará en peor situación si sus medidas son finalmente impuestas.

Por eso los firmantes de esta carta nos comprometemos a oponernos a las medidas y prácticas que, bajo el pretexto de la competitividad y la rentabilidad, se encaminan a la degradación del servicio público de la Educación Superior; a abrir espacios de expresión y análisis profundo del malestar de la comunidad universitaria, de sus causas y de las alternativas que puedan conducir a la solución; a movilizarnos mediante acciones concretas –que será necesario definir según los contextos- para afirmar nuestras propuestas y rechazar las que amenazan la equidad y el futuro educativo y a apoyar a los movimientos y acciones que, fuera de la universidad, conduzcan a la búsqueda del bien común.

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Manifiesto de apoyo a las Manifestaciones por la Democracia desde las Universidades y los centros de investigación

15M Académicos y científicos hacen público: Manifiesto de apoyo a las movilizaciones por la democracia desde las Universidades y los centros de investigación

Las abajo firmantes, como personas pertenecientes al PDI (Personal Docente e Investigador), al PAS (Personal de Administración y Servicio), y al estudiantado tanto de universidades como de centros de investigación, apoyan las movilizaciones que se están produciendo en el estado español:

Desde el día 15 de Mayo miles de personas (la mayoría jóvenes) ocupan las calles y las plazas de nuestro país pidiendo más democracia y menos mercado. Mucha gente nos hemos indignado y lo estamos demostrando en la calle. Se ha cumplido un sueño de tantos que nos quedan por cumplir, y si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir.

Muchas personas de la universidad estamos participando activamente en este movimiento que está naciendo con gran fuerza.

A pesar de las resistencias de los medios de comunicación, de las Juntas Electorales y de la policía (o a lo mejor gracias a ellos), las concentraciones, las posteriores acampadas y las redes de difusión en facultades, centros de trabajo, pueblos y barrios, se van a suceder, como mínimo, hasta el domingo 22 de Mayo.

Esperamos que este movimiento continúe y nos comprometemos a promover procesos democratizadores también desde y en nuestras Universidades.

Por último, con este llamamiento queremos animar a todo el mundo a que contribuya con todas sus fuerzas a construir este movimiento, a construir más democracia y a terminar con la dictadura de los mercados.

PARA FIRMAR EL MANIFIESTO PINCHA AQUÍ:https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHp6QlRBeExVUU11WFdZZ1o1NGcwR0E6MQ

ALGUNAS PERSONAS QUE YA HAN FIRMADO SON:

Lourdes Urbaneja Clerch, Universitat de les Illes Balears

David Pérez, Universidad de Granada

Fernanda Caro, Universitat de les Illes Balears.

David Benavides, Universidad de Sevilla

Jorge Uxó, Universidad de Castilla – La Mancha

Joaquín Martínez Urreaga,  Universidad Politécnica de Madrid

Emilia Sánchez de la Blanca, Universidad Complutense de Madrid

Natalia Carbajosa, Universidad Politécnica de Cartagena

Elena Palacios, Universidad de Salamanca

Inmaculada Postigo Gómez, Universidad de Málaga

–  Inmaculada Sánchez Márquez, Universidad Pablo de Olavide

MOISES HIDALGO MORATAL, Universidad de Alicante

Free Espinosa Torre, Universidad de Sevilla

Francisco Javier Sánchez Herrera, Universidad de La Laguna

Javier Ruipérez, Fundación Euroárabe de Altos Estudios

Jaime Pastor, UNED

Antonio Costa Reyes, Universidad de Córdoba

Carmen Gregorio Gil, Universidad de Granada

Alberto Tinaut, Universidad de Granada

José Manuel de Pablos, Universidad de La Laguna

Pedro Gonzalez de la Fe, Universidad de Las Palamas de Gran Canaria

Alicia Durán, Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC

María Josefa Betancor Gómez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Susana Moreno Maestro, Universidad de Sevilla

Daniel Cascado Caballero, Universidad de Sevilla

Carolina Meloni, Universidad Europea de Madrid

Juan B. Martínez-Laborde, Universidad Politécnica de Madrid

Vicente Manzano-Arrondo, Universidad de Sevilla

Manuel García Jiménez, Universidad de Córdoba

Gema González Ferrera, Universidad de Cádiz

Javier Moreno, Universidad de Sevilla

Marta Soler, Universidad de Sevilla

Antonia Corona Aguilar, Universidad Pablo de Olavide

Fernando Díaz Orueta, Universidad de La Rioja

Maria Jose Lera, Universidad de Sevilla

Agustín Coca, Universidad Pablo de Olavide

Ricardo Marqués Sillero, Universidad de Sevilla

Juan Irigoyen, Universidad de Granada

Mirta Núñez Díaz-Balart, Universidad Complutense de Madrid

Pilar Fernández Lozano, Universidad Complutense de Madrid

Manuel Ledesma Reyes, Universidad de La Laguna

Francisco J. Barba Ramos, Universidad de Huelva

Juan Mata Anaya, Universidad de Granada

Alejandro Andreassi Cieri, Universitat AUtònoma de Barcelona

Roberto-Luciano Barbeito,  Universidad Rey Juan Carlos

Modesto Luceño, Universidad Pablo de Olavide.

Milagros García Pastor, Universidad de Granada

Julián Garrido, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Pedro Alberto García Bilbao, Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Vázquez Liñán, Universidad de Sevilla

La Universidad Pública en la encrucijada. La Universidad de Barcelona, un caso paradigmático / Benjamí Moles Kalt y Alejandro Morcuende González

La aparente tranquilidad en las universidades españolas tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior es bien engañosa. La situación dista mucho de la aparente calma; de hecho, en nuestras universidades, está ocurriendo todo lo contrario. Durante los últimos meses están apareciendo la concreción del proceso de privatización y mercantilización de la universidad iniciado ya en el año 2001 con la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La llamada “gobernanza” es ahora la (contra)reforma que se quiere lanzar contra las universidades públicas.

Hace menos de un año, en el 2009, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por Ana Patricia Botín, y la Conferencia de Rectores de España (CRUE) sacaban a la luz el documento titulado “Estrategia Universidad 2015: la gobernanza de la Universidad y sus entidades de investigación e innovación”. Nada más lejos de ser una simple propuesta o estudio, el Informe encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación será la hoja de ruta a partir de 2010 en la profundización de todos los procesos de reforma universitaria a los que se hacía referencia anteriormente. En él se hace referencia a la nueva realidad socioeconómica a las que debe adaptarse la universidad: “la Universidad como motor para salir de la crisis. Es el nuevo papel que ha de asumir esta institución para afrontar los desafíos que se le presentan. A partir de ahora deberá afrontar una serie de cambio estructurales, que pasan por promover un modelo de gobernanza universitaria más profesional y eficiente, con una mayoría de miembros externos en los órganos que tengan competencia para designar al rector […]”.

Afirmaciones de este tipo han venido en las últimas semanas de la mano de los Presidentes y las Presidentas de los Consejos Sociales de las universidades catalanas a raíz de la actual situación que ocupa a la Universidad de Barcelona con motivo de las continuas maniobras desleales del Presidente de su Consejo Social, Joaquim Coello Brofau.

Joaquim Coello, es uno de los hombres de confianza del hasta ahora Conseller d’Economia del Govern de Catalunya, Antoni Castells (PSC), en la Universitat de Barcelona; también es conocido por la gestión de entidades con participación pública (como la Agencia Portuaria), y actualmente conseller de la Generalitat en el Consejo Administrativo de Spanair, empresa de aviación rescatada por el gobierno catalán en el 2009. Además, es directivo de la empresa Applus+, corporación de la que un 70% del capital pertenece a Carlyle Group, compañía de la cual fue directivo George H. W. Bush y George W. Bush.

La actividad de Joaquim Coello en la Universidad de Barcelona dista mucho de acometer el objetivo de “establecer puentes con la sociedad”, tal y como le corresponden a los Consejos Sociales de las universidades españolas con el actual ordenamiento jurídico. Desde que Coello fue nombrado Presidente del Consejo Social de la UB, éste órgano se ha convertido en distorsionador de la gobernabilidad de la universidad. En repetidas ocasiones el Presidente del Consejo Social ha obstaculizado la efectiva disposición de acuerdos tomados en el Consell de Govern, provocando así un claro ataque a la autonomía universitaria. Uno de los ejemplos más claros de este ataque es el protagonizado por el conflicto con el Personal de Administración y Servicios (PAS) al negarse en repetidas ocasiones en incluir en el orden del día de los plenarios del Consell Social la ratificación de un acuerdo aprobado en Consell de Govern y que recogía los acuerdos firmados por la gerencia, la Junta de PAS y las organizaciones sindicales por las que se valoraban varias plazas de la RLT (Relación de Plazas de Trabajo).

Coello, tal y como él mismo reconocía en el discurso realizado en la apertura del actual curso académico, tampoco ha sido capaz de acometer la tarea de acercar la universidad a la sociedad. Ha sido incapaz de conseguir un incremento de la financiación pública para la UB; es más, tampoco ha conseguido que la Generalitat reconociera la enorme deuda que tiene con la Universidad de Barcelona, todo y reconociendo él mismo el enorme déficit que la UB tiene y que algún día habrá que pagar. En vez de orientar su actividad a resolver estas cuestiones, Joaquim Coello, al poco tiempo de su nombramiento –desde la Generalitat- como Presidente del Consell Social encargó a la empresa KPMG un Plan de “estabilización” presupuestaria para que la UB pudiera hacer frente a su histórico déficit y el contexto de crisis global. En este Plan se establecían criterios para una mayor racionalización de los recursos de la universidad: cierre de bibliotecas, fomentar la precarización entre el PDI y PAS, congelar la creación de puestos de trabajo de funcionariado, la privatización encubierta de servicios, etc.

Además de todo ello, durante las últimas semanas la opinión pública catalana ha podido conocer un documento que data de Julio de 2010, “Propostes del model universitari català”. Realizado por los Presidentes de los Consejos Sociales de todas las Universidades Catalanas (UPF, UdL, UPC, URV, UDG, UAB, UB) y con Joaquim Coello como uno de sus promotores, es la concreción de la (contra)reforma del “ineficiente” sistema de gobierno de las universidades públicas, resultando ser uno de los mayores, y más explícitos ataques a las Universidades en el marco estatal.

Este documento aboga por “facilitar mecanismos que proporcionen autoridad a los máximos responsables en la dirección y la gestión de las universidades”. Para ello proponen la sustitución del Claustro –máximo órgano decisorio actual y que lo componen profesores, estudiantes y trabajadores- por un Consejo Superior, “órgano de gobierno y de máxima responsabilidad de la Universidad […] Formado por un nombre reducido de miembros, no superior a 15, con una mayoría de representantes de la sociedad, con funciones como elaborar y aprobar el presupuesto, elaborar y aprobar estatutos y supervisar y evaluar la calidad (docencia, investigación y transferencia) docente, teniendo que rendir cuentas al Parlamento de Catalunya”. En materia de financiación, por ejemplo, se promueve una reducción de la financiación básica (financiación pública) a favor de la “financiación estratégica” que se está encarada a un mayor peso a la investigación y gestión dejando tan solo al 35% el aporte en docencia, socavando así el carácter público de la Universidad y situándola en el centro de las exigencias propias del mercado.

Reunidos el 30 de noviembre en Consell de l’Alumnat los y las estudiantes miembros del Claustro de la UB tacharon la situación de claro ataque a la autonomía universitaria y al carácter público de la Universitat de Barcelona. En este contexto, y con el agravamiento de la situación tras la publicación del documento sobre la (contra)reforma universitaria, los estudiantes de la UB decidieron exigir la dimisión de Joaquim Coello. El mismo Coello, y a espaldas de los mecanismos orgánicos que establece la universidad, envío una carta a miembros del Claustro para desmentir las acusaciones lanzadas hacia él, con la clara intención de condicionar el voto, aunque admitiendo que ponía a disposición del claustro su Cargo como Presidente del Consell Social.

Hasta el día de la celebración del Claustro, con fecha para el 17 de diciembre, los medios de comunicación iniciaron una campaña de ataque contra el actual sistema universitario y apoyo explícito a Joaquim Coello. La patronal catalana Foment de Treball, dando una muestra más de intromisión en la vida interna de la universidad, ha animado públicamente a Coello a continuar en su cargo, y la misma mañana de la celebración del claustro, PIMEC a través de una notificación, catalogó esta situación como impropia y presionó al rector de la UB para que no se permitiera la destitución de Coello.

Durante la celebración del Claustro y con la intención de que la votación tuviera la menor legitimidad posible, un sector consiguió retrasar la votación de la destitución de Coello, produciéndose así con menos de 100 personas presentes. A pesar de ello, y en votación secreta, 63 personas votaron a favor de la dimisión de Coello, 13 en contra y 14 en blanco. Lo que deja claro estas cifras es que el descontento no tan solo proviene de los estudiantes, puesto que representan tan solo el 10% del total del claustro, ni tampoco del personal no docente, que suman un 20%, sino que se trata de una opinión mucho más generalizada también entre el profesorado de la UB. Los y las estudiantes, en su resolución presentada, además de pedir la dimisión de Coello también incorporaban la posibilidad de que el rector de la UB presionará a la Generalitat para hacer efectiva su destitución en caso que esta no se produjera “por voluntad propia”. Será en las próximas semanas en que se sepa la decisión de Coello. En los últimos días el Rector sí que se ha mostrado con una actitud firme ante la decisión del Claustro y decidido a presionar a la Generalitat. De momento depende del propio Coello, aunque en algunos medios de comunicación ya ha mostrado su negativa a dejar el cargo.

Después de la implantación del Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES), la situación que se ha vivido en la UB es el primer caso explícito de ataque contra el actual sistema de gobierno de una Universidad pública. Son unos actores bien determinados y con claro interés particular quienes propugnan una (contra)reforma universitaria. La democracia y la autonomía no pueden ser ajenas a una institución pública como es la Universidad. A pesar de las claras deficiencias democráticas de los actuales órganos de gobierno de las universidades españolas, cualquier proceso de modificación del funcionamiento u objetivos docente-investigadores debe llevarse a cabo desde la propia universidad. Debe ser fruto de un proceso deliberativo, en que toda la comunidad universitaria pueda ejercer libremente su opinión y ser partícipe de la decisión final. La iniciativa de los y las estudiantes, y la decisión del claustro de la UB representa la oposición frontal a este tipo de injerencias y (contra)reformas universitarias. Es un ejemplo de gran utilidad, muy valioso para las diferentes luchas que se están llevando a cabo y continuaran llevándose en las universidades catalanas y en el resto del Estado español en la construcción de una universidad realmente pública.

 

Universidades en pugna: rankings, prestigio y polémica / Juana Libedinsky

[Publicado en LA NACIÓN] Estados Unidos, 15; Reino Unido, 3; Canadá, 1; Suiza, 1. Resto del mundo, 0. Los números son elocuentes: estas son las top 20 universidades del mundo, según el ranking de Times Higher Education (THS). Detrás de estos rankings se cuelan serios cuestionamientos metodológicos, lobbies poderosos, la puja entre universidades por las millonarias donaciones e incluso el interés de los Estados. Las universidades asiáticas atraen hoy cada vez más estudiantes, tanto en China, la India o Singapur. Para los expertos esto se explica por la fuerte inversión en educación superior.

Según el ranking de Times Higher Education (THS), el gran país del Norte lleva una ventaja abismal sobre el resto del planeta. Eso no quiere decir, sin embargo, que el resto del planeta prefiera mirar para otro lado, o le reste importancia al asunto. Por el contrario, desde hace algunos años hay una obsesión generalizada -y en aumento- por que las instituciones de educación superior de cada país aparezcan, si no en entre las top 20, al menos entre las top 100 o incluso 200 de los rankings más prestigiosos a nivel internacional.

La razón es muy simple: los listados más reconocidos, como el del THS, el QS World University Rankings y el Academic Ranking of World Universities (ARWU, también conocido como Shanghai ranking) dejaron de ser simplemente una forma de comparar la excelencia universitaria en la era de la educación globalizada para tomar una importancia que va mucho más allá de su objetivo original: a partir de los resultados de estos rankings las universidades a menudo definen sus estrategias, e incluso los gobiernos deciden políticas educativas.

“A escala global, los rankings se usan para comparar el prestigio de los países, y su importancia en el orden mundial -señala a La Nación Ellen Hazelkorn, autora del libro Rankings and the Reshaping of Higher Education: the Battle for World Class Excellence, que saldrá en los próximos meses-. Pocos puntos del planeta han quedado inmunes a la desesperación por pertenecer y ascender que estos rankings despiertan.”

En Holanda, por ejemplo, una nueva ley de inmigración explícitamente abre las puertas a los graduados de las universidades que aparecen en el top 150 de estas listas. En Francia, la escasez de campus galos entre los primeros 100 puestos derivó en una reforma educativa. Y en España, según reporta El País , el programa del gobierno Campus de Excelencia Internacional reparte fondos a los mejores proyectos con el objetivo, entre otros, de colocar a las principales universidades españolas dentro de las 100 mejores de Europa tomando como referencia estos rankings, aunque el secretario general de universidades haya matizado luego que estas clasificaciones no son un fin en sí mismo.

“Algunos sienten que la presión por estar en estos rankings ha sido particularmente perniciosa. Se supo de una universidad en Gran Bretaña que incluso llegó a pedir a sus alumnos que las evalúen de manera muy positiva aunque estén disconformes con algo o con todo de ellas: el argumento era que si la universidad ascendía posiciones, el curricculum de los alumnos sería más cotizado por los futuros empleadores”, agrega Caroline Hudson, directora de la consultora Real Educational Research, de Oxford.

Cada vez más influyentes

Estos rankings surgieron entre 2003 y 2004, en respuesta a los desafíos de la globalización y la necesidad de una mayor información, transparencia y responsabilidad académica por parte de las instituciones de educación superior. El llamado Shanghai ranking, por ejemplo, se originó en la Universidad de Shanghai para mostrarles a las universidades chinas todo lo que les faltaba para ponerse a la par de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero pronto tanto éste como el THS y el QS -que en un principio eran el mismo- se convirtieron en la manifestación más visible de la batalla mundial por el talento y la excelencia. Y, sobre todo, tras la crisis económica que comenzó en 2008 -agrega Hazellkorn- su importancia creció exponencialmente por la necesidad imperiosa de alumnos y donantes de sentir que cada centavo invertido rendía frutos. De esta manera, los rankings ganaron influencia por el hecho de ofrecer, al menos en apariencia, criterios de objetividad científica a la hora de decidir dónde invertir recursos cada vez más escasos.

Pero no siempre es oro lo que está en lo más alto del podio. Einstein decía que no todo lo que pueda ser cuantificado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser cuantificado. Lo cierto es que cada vez son más feroces las críticas a esta forma de medir la excelencia académica.

Por ejemplo, un factor que pesa mucho al evaluar las universidades es la cantidad de premios Nobel o las medallas Fields asociados a ellas. Esto, sin embargo, hace que salgan mejor clasificadas las instituciones más inclinadas hacia las ciencias y las matemáticas y peor aquellas que ponen más énfasis en las artes y las humanidades, que sin duda reciben menos de estas distinciones.

También hay casos como el de la Universidad Complutense de Madrid, que bajaría unos 80 puestos si no se considerase el Nobel concedido a Severo Ochoa medio siglo atrás. Y las dos universidades de Berlín, de las más importantes de Europa, no figuran entre las cien primeras porque no se ponen de acuerdo en a cuál de ellas asignar el Nobel de Einstein, por lo que no se le computa a ninguna.

Por otra parte, cuando las universidades contratan profesores que han ganado ya el premio Nobel para así elevar el status de la universidad, muchas veces se está contratando a gente bastante mayor, cuyo trabajo más significativo fue hecho tiempo atrás.

En los círculos académicos, uno de los mantras que con más frecuencia se escuchan es el publish or perish, en referencia a la necesidad de sacar libros y artículos en journals especializados (publish) , no sólo para progresar sino porque la alternativa es quedar fuera de carrera o morir en la disciplina (perish). Los rankings exacerbaron esta necesidad ya que la bibliométrica es otra de las formas fundamentales de evaluar la producción de las universidades.

En la edición de esta año, por ejemplo, la Universidad de Alejandría, en Egipto, ascendió al puesto general 147, por encima de instituciones de gran prestigio, como el Delft Institute of Technology, en Holanda (puesto 164) y la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. La de Alejandría se convertía así en la única universidad del mundo árabe entre las top 200. Más aún: en una subcategoría específica, superaba a Harvard y Stanford y sólo era superaba por Princeton, MIT y Caltech.

La noticia corrió como pólvora por las torres de marfil y en seguida comenzaron las especulaciones. Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Universidad de Alejandría ni siquiera es la mejor universidad de la ciudad de Alejandría. Lo que el matutino norteamericano finalmente reveló fue que un profesor de la institución había logrado publicar tantos artículos y papers que los índices que contabilizan cuantas veces aparecen los profesores en los medios especializados se dispararon, a tal punto de empujar hacia arriba la posición de la universidad en los rankings.

Finalmente, las autoridades del Times Higher Education reconocieron que la sorprendente prominencia de la Universidad de Alejandría se debía a la extraordinaria producción de un solo profesor. Varios blogs se encargaron luego de identificarlo y de revelar que había publicado 320 artículos firmados por él… en un journal del cual era el editor.

Otros cuestionamientos

Además de los premios Nobel y los artículos publicados, entre los factores utilizados para establecer los rankings pesan también una macroencuesta de opinión que se realiza anualmente y el número de estudiantes extranjeros. Pero todos estos factores han sido duramente cuestionados.

“Se citan sesgos metodológicos (geográficos, disciplinares, lingüísticos), dudas epistemológicas sobre las bondades del análisis de citas o desconocimiento de la estructura social e idiosincrasia académica de grupos y redes. Pero en general lo que se ataca es el propio proceso evaluativo. Existe, pues, un rechazo a la cultura de la evaluación”. La cita de El País corresponde al director del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Isidro F. Aguillo, quien así escribía hace unos meses en el foro de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad .

“Que uno no pueda medir todo no es razón para entonces no mediar nada”, subraya asimismo a La Nacion Ben Wildavsky, senior fellow de la Fundación Kauffman y autor de The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping the World.

Wildavsky se declaró defensor de los rankings, aunque con ciertos miramientos: “No existe algo así como un ranking totalmente objetivo, pero hay una necesidad real de alumnos, cuerpos docentes, donantes y gobiernos de contar con estudios comparativos internacionales; las universidades deberían sentirse menos incómodas frente al escrutinio externo y deberían trabajar para mejorar su posición en los rankings, pero para usarlos como instrumento de mejora”.

Para la próxima edición de los rankings se prometen algunas modificaciones en la ponderación de ciertos criterios, sobre todo en cuanto a la influencia que adquieren los graduados. Pero quizá no sea suficiente para acallar las críticas. “Esto no necesariamente evidencia una mejora en la calidad educativa”, aclara Hudson, con lo cual lo único que es seguro es que la polémica por los rankings continuará.

¿Qué debe hacer un país como la Argentina ante el reinado de los rankings? Según Wildavsky, los parámetros de medición son universales y sirven para entrar y ascender en los rankings tanto como para mejorar más allá de estas mediciones: “Crear y sostener las mejores universidades requiere adherir siempre al principio del mérito para las admisiones, el contrato y la permanencia de los profesores. Los fondos dedicados a la investigación deben ser competitivos. Los profesores no deben sentir que son empleados públicos que, una vez contratados, pueden mantener su puesto sin importar su desempeño, y se debe estar abierto a la competencia internacional”.

Hazellkorn, por su parte, insiste en que para las universidades locales no siempre es bueno o útil compararse con las instituciones de elite del Primer Mundo. “La Argentina debería encontrar sus propios indicadores en función de las necesidades de sus ciudadanos”, sostiene. Hudson, que fue profesora de secundaria en Buenos Aires años atrás y preparó alumnas para entrar en las mejores universidades del Reino Unido, sospecha que posiblemente en la Argentina muchos se guían todavía por nociones heredadas sobre la excelencia educativa, con bastiones como Oxford, Cambridge, Harvard y Yale como grandes metas a alcanzar y más allá de lo que los rankings u otras formas más modernas de medir la excelencia digan de la realidad.

Y sin embargo, parecería que el futuro viene por otro lado. La revista The Atlantic realizó una encuesta entre 30 presidentes de universidades norteamericanas para ver qué países, a su juicio, atraerán en las próximas décadas a los alumnos internacionales que hoy acuden a universidades norteamericanas. China, contestaron 24 de ellos, seguida por la India (16), Singapur (15), Hong Kong (10) y Corea del Sur (9). Las universidades asiáticas atraen hoy cada vez más estudiantes, tanto en términos proporcionales como absolutos. En China y la India, señalaron los expertos, esto se explica por la fuerte inversión en educación superior, combinado con la mayor cantidad de jóvenes que, por la mejoría económica, pueden acceder a la universidad.

Sin embargo, todos los consultados subrayaron que, con la excepción de unas pocas instituciones tradicionales europeas que disputan algunos de los primeros puestos, no parecería haber un peligro a la vista para la supremacía de las instituciones norteamericanas. Como dijo uno de los encuestados por The Atlantic, “por cada cien mil estudiantes de la India que van a estudiar a EE.UU. hay tres mil de EE.UU. que van a estudiar a la India. Rebalancear esa ecuación sin duda tomará su tiempo”.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332666

 

¿A QUIÉN BENEFICIAN LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO? / Miguel Ángel Luque Mateo

El caos aeroportuario y el estado de alarma han impedido un debate sosegado sobre las últimas medidas aprobadas y anunciadas por el Gobierno con el repetido propósito de dar confianza a los mercados, fomentar la actividad empresarial y el empleo y bajar los impuestos. Entre otras, destacan: a) la supresión de las ayudas de los 426 € a los desempleados sin ninguna cobertura; b) la privatización parcial de AENA y “Loterías y Apuestas del Estado”; c) la subida del impuesto sobre “el tabaco”; d) la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades; e) la eliminación de la exigencia del mantenimiento del empleo para la aplicación de determinados beneficios fiscales; f) la exención tributaria de las operaciones de creación y capitalización de empresas; g) la supresión de la obligatoriedad de pagar a las Cámaras de Comercio; h) la agilización en la constitución de sociedades; i) la eliminación de la obligatoriedad de publicar en la prensa escrita los actos adoptados por las sociedades.

En mi opinión, estas medidas no son las más idóneas para los objetivos previstos. En realidad constituyen un nuevo retroceso del Estado del bienestar ante la presión de la oligarquía política-económica-bancaria que se esconde detrás de eso que llaman “los mercados”. Seguidamente expongo algunas razones:

Difícilmente puede fomentarse la creación de empleo eliminando la exigencia de que las empresas tengan que mantener el empleo para poder aplicarse determinados “beneficios fiscales”, como la libertad de amortización para inversiones nuevas y un tipo de gravamen reducido del 20%. ¿Se premia el despido? Además, hace un año se adoptaron similares medidas y las consecuencias son conocidas: aumento de medio millón de personas paradas y de 155.800 hogares más en los que todos sus miembros activos se encuentran en paro.

Los impuestos, en general, no se bajan. Sube el “del tabaco”, que es indirecto y más injusto (aunque se disfrace de medida sanitaria) y sólo disminuyen los de las medianas y grandes sociedadesno tanto los de las pequeñas-, salvo que por pequeña se entienda la que presenta 1.700 millones de volumen de negocio y 50 millones de beneficio neto (de las antiguas pesetas). Además, serán las Sociedades Anónimas y las que cotizan en bolsa las verdaderas beneficiadas de la ampliación del régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, la exención en el Impuesto sobre Operaciones Societarias, la eliminación de la pertenencia obligatoria a las Cámaras de Comercio y la supresión de la obligación de publicar sus actos en los periódicos.

– Se privatiza lo poco rentable que queda: la mitad de la última joya pública empresarial –AENA- y el 30 % de “Loterías y Apuestas del Estado” a cambio de un precio que no llega ni a 15.000 millones de euros. Sin entrar en la discutible cuantía o en la previsible destrucción de empleo, se renuncia a la obtención de unos ingresos patrimoniales anuales, que pasarán a los bolsillos de esa oligarquía.

Por otro lado, la eliminación de la ayudas de 426 € para los parados sin ninguna prestación condenará a la marginación, la delincuencia o la beneficencia a cientos de miles de personas. (Adviértase que el dinero público facilitado a los bancos podría prorrogar más de 175 veces estas ayudas).

Se ha derrumbado el estilo de vida y de economía basado en la especulación inmobiliaria y el endeudamiento a todos los niveles. Pero, mientras esa oligarquía bancaria-económica-política ha “enjuagado” sus pérdidas con las “mil millonarias” ayudas públicas concedidas, los ciudadanos y las pequeñas empresas se encuentran en una situación insostenible, sin acceso al crédito. Además, se han subido los tributos que afectan a la mayoría de la población (IVA, IRPF, Impuestos sobre las “gasolinas” y el “tabaco”, tasas, etc.), y se le han bajado a los más ricos (Patrimonio, Sociedades, SOCIMI, SICAV, Operaciones Societarias). Por último, con la amenaza de no comprar la deuda pública existente en gran medida por haberlos ayudado, esa misma élite exige el desmantelamiento y el desprestigio de lo público (congelación de las pensiones, aumento de la edad de jubilación, reducción del sueldo de los funcionarios, eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia, supresión del cheque bebé, recorte de la inversión y de las ayudas públicas, abaratamiento del despido, etc.) con el objetivo de privatizar cualquier parte del pastel que les pueda ser rentable (planes de pensiones, sanidad, transportes e infraestructuras, educación, juego, intermediación en las ofertas y demandas de empleo, etc.).

Ante este situación no podemos quedarnos impasibles. Exijamos a) la supresión de los privilegios de los políticos, de forma que lo que aprueban a los demás les afecte a ellos mismos (piénsese que un diputado o senador opta a la pensión máxima con 7 años en el cargo, mientras que un trabajador necesita 35); b) la declaración de patrimonio obligatoria para todos, evitándose los testaferros; c) la eliminación de los paraísos fiscales, y d) el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. Presentemos una respuesta unida ante cualquier nuevo recorte para no tener que parafrasear la expresión: vinieron a por los pensionistas y como yo no era pensionista no hice nada, vinieron a por los trabajadores y como yo no era trabajador no hice nada, vinieron a por los funcionarios y como yo no era funcionario no hice nada, vinieron a por mí y ya no quedaba nadie para protestar”.

Miguel Ángel Luque Mateo

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería

Acto público, 16/12/10, sede central del CSIC: Científicos y Universitarios ante la CRISIS

El pasado mes de Junio, en la sede central del CSIC, se celebró un acto para expresar nuestro apoyo al espíritu crítico tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad científica y, con esa misma intención, más de 2.000 firmas de universitarios e investigadores suscribieron un manifiesto. El acto suscitó un eco importante en los medios de comunicación y enlazó con otras iniciativas surgidas de diferentes foros, en particular en la universidad de Sevilla.
La evolución de la situación reclama nuevos esfuerzos críticos frente a la aplastante información que se nos impone desde los medios, y por ello presentamos un nuevo manifiesto en esta página web, para que quienes estéis de acuerdo lo suscribáis:
Con objeto de debatir sobre el agravamiento de la situación y analizar las perspectivas de actuación que podemos impulsar desde la Universidad y la Investigación, os convocamos al acto que se celebrará el próximo jueves día 16 de Diciembre en la sede central del CSIC (calle Serrano nº 117) a las 18:30 horas, bajo el título Científicos y Universitarios ante la CRISIS.
En el acto está prevista la intervención de:

Antoni Domenech. Univ. Barcelona
Reyes Mate. CSIC
Francisco Marcellán Univ. Carlos III
Mirta Núñez Univ. Complutense
Luis Zambrana. Univ. Sevilla
Moderador Emilio Criado. CSIC
Intenvendrán también jóvenes investigadores y estudiantes